El Senado se apresta a terminar esta semana las sesiones extraordinarias, convocadas hasta finales del corriente mes, con dos encuentros en el recinto y un objetivo central dentro del combo de iniciativas a tratar: sancionar la reforma laboral, que volvió en segunda revisión de Diputados. Esto ocurrirá el viernes, como también el debate por el Régimen Penal Juvenil, pero este jueves habrá algunas definiciones que el gobierno de Javier Milei espera concretar y que generaron muchas discusiones.
Tras haber alcanzado el quórum, el oficialismo consiguió aprobar la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea (UE), pese a las críticas de la oposición.
A continuación, se debatió y convirtió en ley el acuerdo entre el Mercosur y la UE, un tema que no enfrentó problemas en ser aprobado.
Pero para la nueva Ley de Glaciares, que se trata luego, los números del oficialismo están muy justos. "No nos sobra nada", había admitido un senador del oficialismo.
Hubo protestas en el Congreso contra la Ley de Glaciares.
Ley de Glaciares: apoyo y polémica
El bloque libertario está encolumnado en su totalidad, pero son sólo 21 votos sobre 37 que son los que necesita para poder conseguir el quórum y la media sanción. El problema es que los socios que acompañaron hasta ahora muestran fisuras.
A esta hora, sólo 4 de los 10 senadores de la UCR están dispuestos a apoyar el proyecto. A estos senadores se les sumaría 1 del PRO, los 3 de Convicción, 2 del Frente Renovador de La Concordia Social, 1 de La Neuquinidad, 1 de Primero los Salteños y 1 del bloque Independencia. A este grupo se le agregarían algunos representantes de provincias mineras gobernadas por el peronismo, pero todo es muy justo.
Si se aprueba, en las sesiones ordinarias se tratará en Diputados. La nueva Ley de Glaciares tiene como eje principal cederles a las provincias la potestad de definir cuáles son las zonas donde se puede desarrollar la actividad minera.
Los ambientalistas sostienen que la nueva Ley de Glaciares pone en riesgo las fuentes de agua dulce.
En el Gobierno sostienen que las modificaciones destrabarían inversiones millonarias en proyectos mineros. La norma actual protege zonas definidas como glaciares y periglaciales como reservas de agua dulce.
Uno de los debates sobre la norma refiere a la definición de periglacial, que describe de manera laxa como áreas de alta montaña con suelos congelados que actúan como reguladores hídricos. Sus críticos sostienen que es muy amplia y terminó afectando el desarrollo de la actividad minera.
Las provincias serán las encargadas de definir si un área determinada es una reserva estratégica de agua dulce y de aprobar o no los estudios de impacto ambiental presentados por las compañías mineras.
La actual Ley de Glaciares establece una prohibición absoluta por ubicación de los glaciares. El proyecto para modificar la norma establece una exigencia "relevante" y "comprobable" en el aporte hídrico a una cuenca para cada área declarada como glaciar y periglacial.