Como una nueva postal de época en tiempos de gestión libertaria versus gremios el Juzgado Nacional del Trabajo N°3 hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó suspender provisoriamente la aplicación del artículo 2° del DNU 430/2025, que eliminaba el 27 de junio como jornada no laborable para el personal de la administración pública nacional.
La resolución fue firmada por la jueza Moira Fullana, en respuesta al planteo impulsado por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien reclamó la inconstitucionalidad del decreto por suprimir derechos consagrados por la Ley 26.876, sancionada en 2013, que reconoce esa fecha como Día del Trabajador Estatal.
La magistrada desestimó la posibilidad de una medida autosatisfactiva, pero consideró admisible la acción de amparo con pedido de medida cautelar innovativa, en virtud de la inmediatez de los efectos del DNU, publicado el 26 de junio con impacto directo al día siguiente.
En los fundamentos del fallo, Fullana sostuvo que se verifican los requisitos de urgencia y verosimilitud del derecho invocado, y advirtió que la suspensión del feriado estatal podría generar un perjuicio de difícil reparación posterior. En consecuencia, resolvió:
*Declarar la competencia de la Justicia del Trabajo para intervenir en el caso;
*Admitir formalmente la acción de amparo presentada por ATE.
*Suspender los efectos del DNU 430/25 en relación con los trabajadores representados por ese gremio, hasta tanto se dicte una sentencia definitiva.
Asimismo, la jueza dejó diferida la imposición de costas y honorarios para el momento en que se resuelva el fondo de la cuestión.
El fallo se inscribe en el creciente conflicto entre el Poder Ejecutivo y los sindicatos estatales, que denuncian una ofensiva contra los derechos laborales mediante decretos que eluden el tratamiento parlamentario. ATE, UPCN y al menos un particular presentaron solicitudes judiciales para frenar la eliminación del asueto correspondiente al Día del Trabajador del Estado.
La medida había sido anticipada por la vocería de la Casa Rosada y oficializada el miércoles 26 de junio, apenas horas antes de la fecha establecida por ley para el feriado. La reacción gremial fue inmediata: ATE llamó a sostener la jornada de descanso por fuera del decreto “ilegítimo”, mientras que UPCN se reservó acciones judiciales. Ambos gremios vincularon esta decisión al avance del Gobierno sobre el empleo público, en línea con la reforma laboral que impulsa el oficialismo.