El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Antonio Armella, ordenó a Edesur que se abstenga de interrumpir, suspender o restringir el suministro eléctrico a Protefilm, una fábrica de films plásticos que denunció haber recibido facturas por más de $174 millones.
La medida cautelar fue dictada mientras se analiza la cuestión de fondo vinculada con la validez de los montos facturados por la distribuidora. La resolución tendrá una vigencia inicial de dos días y se mantendrá hasta que se resuelva la controversia, previa presentación de una caución juratoria por parte de la empresa.
El reclamo fue iniciado por Protefilm luego de recibir dos facturas de elevado monto: una correspondiente al período de agosto por $91.956.961,49 y otra con vencimiento en septiembre por $82.959.743,90. En total, los comprobantes superan los $174 millones.
Ante la posibilidad de que el servicio fuera interrumpido por la falta de pago de la primera boleta, la compañía aseguró que tuvo que recurrir a un préstamo bancario de $100 millones para afrontar el importe. Posteriormente, solicitó judicialmente la nulidad de ambas facturas y el reintegro de las sumas abonadas.
En su presentación, la firma sostuvo que la electricidad representa un insumo indispensable para mantener en funcionamiento su actividad industrial. En ese sentido, advirtió que una eventual interrupción del suministro afectaría directamente la producción y podría comprometer la continuidad de unos 70 puestos de trabajo.
El reclamo por los aumentos
Según planteó Protefilm ante la Justicia, el fuerte incremento de las facturas estaría relacionado principalmente con los conceptos ACPOT (Ajuste por Servicio de Potencia) y CESTAB (Cargo o Ajuste por Costo de Energía Consumida), vinculados al Mercado Eléctrico Mayorista.
La empresa señaló que esos ítems registraron aumentos de entre el 150% y más del 300% respecto de períodos anteriores y que, en determinados casos, llegaron a representar un costo similar o incluso superior al de la energía efectivamente consumida.
Además, cuestionó la falta de documentación detallada por parte de Edesur y Cammesa respecto de los parámetros utilizados para determinar los importes incluidos en las facturas.
La pyme sostuvo que los incrementos afectan derechos constitucionales vinculados con la propiedad, la razonabilidad y la posibilidad de desarrollar una actividad lícita, además de comprometer su capital de trabajo.
El argumento del juez Armella
Al analizar el pedido cautelar, el juez Luis Antonio Armella consideró que se encontraban acreditados, en esta etapa inicial, tanto la verosimilitud del derecho invocado como el peligro en la demora.
El magistrado tuvo en cuenta especialmente el impacto que los montos reclamados podían generar sobre el patrimonio y el capital de trabajo de la empresa.
En ese marco, advirtió que exigir el pago bajo amenaza de corte del suministro podría llevar a la firma a una situación de cesación de pagos y eventualmente derivar en un concurso preventivo o una quiebra.
Por ese motivo, ordenó a Edesur abstenerse de cortar, suspender o restringir el servicio eléctrico de Protefilm mientras avanza el proceso judicial en el que deberá determinarse la validez de los importes cuestionados.
Tras conocerse la resolución, el abogado de la empresa, Marcelo Szelagowski, destacó el reconocimiento judicial de la importancia del suministro eléctrico para la actividad industrial y cuestionó el impacto de los costos energéticos sobre las empresas.
"Bajo el argumento de una supuesta liberalización del mercado, se trasladan directamente a la industria los costos derivados de los problemas y desequilibrios del sistema energético, lo que pone en riesgo la continuidad de numerosas empresas", sostuvo el letrado.