La diputada nacional Mercedes Llano, integrante del bloque La Libertad Avanza, presentó un proyecto de ley que pretende establecer la obligatoriedad de una Evaluación de Idoneidad Psicológica Funcional para candidatos a ocupar cargos públicos.
La iniciativa alcanza a postulantes a presidente, vicepresidente, legisladores nacionales electos y autoridades del Poder Ejecutivo, con el fin de verificar sus aptitudes previo a la asunción de sus funciones.
El proyecto define la idoneidad psicológica como el conjunto de capacidades conductuales, emocionales y cognitivas indispensables para el mando político. Según el texto, el objetivo es garantizar que quienes lideran el Estado posean un juicio crítico y ético sólido, y un estricto respeto por las normas constitucionales.
Según Llano, esta evaluación se configura como una garantía para la ciudadanía. La legisladora sostiene que el liderazgo político requiere una estabilidad mental y ética equivalente a la exigida en otras profesiones de alta responsabilidad social, asegurando que la democracia requiere "preservar la calidad institucional y la racionalidad decisoria".
La metodología propuesta consiste en una batería de pruebas psicométricas estandarizadas y validadas. Estas herramientas, comunes en el ámbito corporativo, están orientadas a identificar rasgos de personalidad, la capacidad de autocrítica y el nivel de empatía institucional de los aspirantes a la gestión pública.
Un punto relevante de la norma es la incorporación de protocolos para la detección de la denominada "Tríada Oscura". Este concepto psicopatológico agrupa tres rasgos de personalidad distintos pero interrelacionados: el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía subclínica, cuya presencia puede comprometer la objetividad y la ética en el ejercicio del poder.
La iniciativa subraya que el objetivo es evitar que personas con estructuras de personalidad psicopática o tendencia al beneficio propio por sobre el interés general accedan a puestos de autoridad. Llano argumenta que la falta de empatía y la escasa responsabilidad individual son factores de riesgo para la transparencia administrativa.
El proyecto también plantea una homologación de criterios entre los diferentes estamentos del Estado. La diputada señala que existe una "incongruencia institucional" al exigir estándares de aptitud psicológica más rigurosos para cargos técnicos, docentes o fuerzas de seguridad que para los funcionarios que conducen las políticas nacionales.
Para garantizar la transparencia del proceso, la evaluación quedaría a cargo de organismos especializados e independientes. El diseño del sistema prevé mantener el rigor técnico y la confidencialidad de los datos sensibles, limitando el informe final a una clasificación binaria de "Apto" o "No Apto Funcional".
En caso de que un candidato resulte no apto, el texto contempla el derecho de revisión ante un comité interdisciplinario. Esta instancia busca resguardar el debido proceso y el derecho de defensa, permitiendo una segunda opinión técnica sobre los resultados obtenidos en las pruebas psicométricas.
La autora de la propuesta advirtió que la ausencia de estos filtros puede facilitar la aparición de autoritarismo y corrupción sistémica. Según su visión, los rasgos disfuncionales en posiciones estratégicas de toma de decisiones derivan frecuentemente en gestiones despóticas que afectan la estabilidad democrática y la eficiencia de la gestión pública.
La medida se presenta como una "ampliación razonable" del concepto constitucional de idoneidad. Si bien la Constitución establece requisitos de edad, residencia y nacionalidad, no profundiza en las competencias psicológicas necesarias para administrar los recursos y la representación de la sociedad.